Capacidad de los municipios de los Departamentos del Meta y Guaviare que forman parte de la Amazonia Colombiana para cumplir las órdenes de la Sentencia de la Corte Suprema De Justicia STC 4360 De 2018. (2020)
El tema ambiental en Colombia, y en especial la deforestación de las zonas boscosas consideradas estratégicas, delimitadas como parques naturales nacionales, ha despertado el interés de los ambientalistas y la atención de la justicia por el débil ejercicio que adelanta la administración pública para hacer efectivo los derechos y garantizar el goce presente y futuro de la comunidad nacional y mundial; como ocurre con el pronunciamiento hecho por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC 4360 de 2018. De igual manera, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la protección jurídica del medio ambiente en la Sentencia T 411 de 1992, como “una necesidad universal reconocida, una necesidad socialmente sentida, de dar respuesta contundente a las intolerables agresiones que sufre el medio ambiente” (Corte Constitucional, C411, 1992). En la sentencia C 413 de 2000, se refiere a que la defensa del medio ambiente es un objetivo de nuestro Estado Social de Derecho y en la sentencia T 622 de 2016 le otorga reconocimiento a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos. Ahora bien, no obstante, lo anterior, existen deficiencias y limitantes que no permiten el cumplimiento de los objetivos plasmados en la Carta Constitucional como la falta de articulación efectiva entre las entidades del Estado y la precaria disponibilidad de recursos financieros en el último eslabón de la cadena (los municipios), para promover, ejercer control y erradicar la deforestación en las zonas de influencia.