El principio de transparencia y economía procesal como garantía en los procesos de la contratación estatal. a propósito del uso de la tienda virtual en el programa de alimentación escolar PAE en Villavicencio 2021 (2022)
En el municipio de Villavicencio- departamento del Meta, en el año 2021, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica como resultado de la pandemia originada por el COVID-19, y con el antecedente del proceso contractual Licitación Pública LP-010-2020, cuyo objeto establecía “Prestar el servicio de alimentación escolar mediante la operación del programa de alimentación escolar PAE en el municipio de Villavicencio, Meta” (Colombia Compra Eficiente, 2010), y que después de situaciones y anomalías por parte del oferente seleccionado, se debió terminar y liquidar, sin ejecución. Problemática, que conllevo a que directamente la alcaldía buscara en medio de la emergencia, un mecanismo que cumpliera con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, pero al mismo tiempo fuera un medio eficaz para el desarrollo del mismo. En esta búsqueda, se encuentra que Colombia Compra Eficiente a través de la tienda virtual, con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, suscribió el instrumento de agregación de demanda denominado “Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19”, y del catálogo de ayudas humanitarias, se encontraron la expedición de bonos físicos y electrónicos por diversas sumas de dinero, bonos que estaban disponibles para la compra de las entidades estatales que lo requerían para satisfacer sus necesidades. El desarrollo de los principios de transparencia y economía procesal, contribuyeron en el desarrollo de la contratación estatal y, es a través de estos mecanismos y herramientas tecnológicos, como lo es la compra publica-tienda virtual lograron que específicamente este proceso contractual a través de este mecanismo desarrollado e implementado en la emergencia, se logra operar el programa de alimentación escolar para la vigencia 2021, consiguiendo un éxito en su aplicación y una forma diferente, de evidenciar que a través de la contratación estatal, se puede conjugar un buen desarrollo para las políticas públicas de un Estado Social de Derecho.