Las nuevas tendencias de actualización de la Contraloría General de la República (2019)
Resumen Constitucionalmente el Control Fiscal es una facultad pública que desempeña la Contraloría General de la Republica de Colombia que busca propender el buen manejo y administración de los bienes y recursos públicos de la nación. Dentro de los nuevos factores de vigilancia y control fiscal, se ha desarrollado una nueva tendencia de la gestión administrativa, dentro de esta, se encuentran las directrices del ISSAI incorporadas en el plan estratégico 2014-2018, las normas internacionales para entidades fiscalizadoras superiores, estas buscan que la Contraloría General de la nación, organice su sistema de control bajo dos directrices. En primer lugar, el control financiero; que incluye revisión de cuentas, control de legalidad, control de resultados y un control fiscal interno; a su vez son manejados a través de unas auditorias financieras y; En segundo lugar, se observa el control de gestión que estará subdividido en 2 categorías, mediante auditorias de desempeño y auditorias de cumplimiento, para tener así, un sistema unificado de control fiscal, que ya ha sido desarrollado por expertos y permita así, una integración absoluta del ISSAI (Normas internacionales para entidades fiscalizadoras superiores). Cada directriz será auditada, tanto como de informes técnicos, relativos a la etapa de ejecución del plan o proyecto, como a su parte administrativa cuando se trate sobre los manejos que se le van a dar a los recursos y sobre todo al trayecto, que implique la operación financiera hasta la culminación de la obra. Dentro del artículo de investigación, se resaltarán las cualidades más importantes de la adopción de los sistemas estandarizados para la inclusión de normas internacionales sobre las entidades fiscalizadoras superiores, y además se hará un análisis sobre la mejoría que tendría este nuevo sistema de fiscalización. Se analiza el mapa de sistema de riesgos de todas las operaciones realizadas por las entidades vigiladas y controladas por la Contraloría General de la República, y se determina que las zonas más afectadas se calificarán con desfavorable o no razonable, para así denotar la capacidad de impacto negativo que puede resultar de dicha operación.