Rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal en época de covid-19: un asunto por revisar (2022)
Con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la rápida propagación del virus causante de la COVID-19, y su declaratoria como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Estado Colombiano se vio en la obligación de decretar una serie de medidas de índole restrictivo, que iniciaron con un aislamiento que prohibió la libre movilidad de los ciudadanos. Esta situación, conllevó a decretar medidas como la del trabajo virtual, tanto en el sector público como en el privado, además de implantar un sistema de virtualidad en el sistema educativo de todo orden. Ello, generó múltiples dificultades de todo orden, tanto en la prestación de servicios del estado, como en el suministro de bienes y servicios, lo que por supuesto también afectó la lógica de los contratos estatales. La presente investigación, tiene por objeto estudiar la forma en como la Emergencia Sanitaria derivada de la COVID-19 tuvo un efecto directo e inmediato en una de las figuras que mayor relevancia ha adquirido en el marco del fundamento de la responsabilidad contractual del Estado: el equilibrio económico de los contratos. En efecto con la llegada de esta pandemia, se presentaron múltiples supuestos que tuvieron una notable incidencia en la normal ejecución de los contratos, empezando por las restricciones a la movilidad que obligaron a suspensiones contractuales, la necesidad de incorporar en las adquisiciones de elementos de protección personal y el establecimiento de los protocolos de bioseguridad, como mecanismo para garantizar el interés general en medio de esta situación excepcional. Por ello, desde el ámbito de la ejecución del contrato fue necesario encontrar múltiples soluciones para evitar que estas circunstancias afectaran la ecuación económica del contrato, eventos que en la actualidad pueden haber sido parcialmente solucionados, no obstante lo anterior, el futuro podrá deparar una altísima litigiosidad, a la que se deberá llegar con estrategias jurídicas, que sean construidas sobre la base de la equidad, pero que también puedan atender a un criterio de eficiencia y protección del patrimonio público.