Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018 (2019)
El modelo de Estado Social de Derecho se adopta bajo el marco de la Constitución de 1991 y es asumido como una concepción jurídica que busca la garantía de los derechos, privilegiando aquellos relacionados con la protección a la vida y los bienes de los ciudadanos. Es por esto que surge la necesidad de garantizar el derecho a la seguridad, término que ha variado con el correr de los tiempos y el desarrollo de las sociedades humanas, especialmente, como consecuencia del conflicto armado. En este orden de ideas, el Estado, al tener como eje principal la protección de la vida propende por un orden público democrático que, elimine todo tipo de amenazas a la población y garantice la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Es así que el Estado colombiano frente a los retos que implica el cambio en las formas de violencia y de los actores que las llevan a cabo, y teniendo en cuenta la dicotomía existente entre conflicto armado interno y la urgencia de desarrollar una política pública de seguridad ciudadana con enfoques en seguridad en orden público, se ha dotado de herramientas para cumplir, total o parcialmente, con su función de buscar mecanismos de protección ante la violencia social en procura de garantizar el goce de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos se acogió y adaptó la concepción de seguridad ciudadana; que constituye una de las dimensiones de seguridad humana que, en términos de Charles-Phillipe David (2008), se define de la siguiente manera: 8 Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018. Bertha Lucía Moreno Martínez La seguridad humana se distingue esencialmente [de la seguridad estatal o clásica] por el hecho de que tiene por objeto la protección del individuo y no la protección del Estado, y por el hecho de que las amenazas provienen al mismo tiempo del exterior y del interior de los Estados (p. 62) Por otra parte, el concepto de seguridad ciudadana se orienta a preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros que pudieran afectarla, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, es preciso señalar entonces que, la seguridad ciudadana no solo constituye la lucha contra el crimen, sino que además propende por la creación de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, es decir, procura la consolidación de procesos que mejoren las relaciones entre la comunidad y las instituciones encargadas oficialmente de brindar seguridad. De tal forma, dada la amplitud y complejidad de un tema como la seguridad ciudadana, se requiere para su regulación del diseño e implementación de políticas públicas, concepto que para fines de este documento, se adoptó del autor Roth (2017) quien las concibe como: (…) un conjunto de medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática‖. ( p.27) El anterior concepto permite esclarecer el fenómeno de la política pública, tal y como lo señala el autor, haciendo referencia a toda acción que desarrolle el Estado para alcanzar los fines u objetivos ante situaciones consideradas como problemáticas o insatisfactorias, a fin de armonizar y/o afrontar falencias. Esto indica que el Estado, una vez vislumbrada la necesidad de proteger al individuo y el libre ejercicio de sus derechos y libertades, a partir de la garantía de la 9 Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018. Bertha Lucía Moreno Martínez seguridad de los ciudadanos, acoge las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana como mecanismo para el cumplimiento de su fin. No obstante, la seguridad ciudadana, entendida bajo la perspectiva de Carranza (1995), involucra un concepto verdaderamente amplio y completo, que: Concibe la seguridad de los habitantes, no solamente como la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, de vivir en un Estado constitucional de derecho y de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, y todos los ámbitos del carácter social (p. 21). En términos generales, el Estado ha enfrentado retos a través de la implementación de normatividad e imposición de la fuerza pública, e instituciones encargadas de la seguridad a través de la delegación de funciones, aspecto que se contempló desde la Constitución de 1991 en el artículo 314, que facultó a los alcaldes llevar a cabo el ejercicio de la seguridad, por ser considerados como la primera autoridad de policía. Posteriormente, con la Ley No 62, 1993 se determinó que, tanto alcaldes como gobernadores, junto con la Policía Nacional, deberían diseñar y desarrollar planes integrales de seguridad para las entidades territoriales, conocidos estos como Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC), que resultan de un proceso interinstitucional para el fortalecimiento de la garantía de la seguridad ciudadana. En tiempos más recientes, con la Ley No 1801, 2016 que establece el Código Nacional de Policía, se reglamenta en su artículo 5, capítulo II la convivencia, entendida como ―la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico‖. 10 Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018. Bertha Lucía Moreno Martínez Sin embargo, a pesar de que el Estado colombiano, es un Estado Social de Derecho, que goza de amplia normatividad e institucionalidad, aún se evidencia y de manera cotidiana en los medios de comunicación masiva, una alteración en el goce de los derechos de los ciudadanos en materia de seguridad ciudadana, contrarrestando o menoscabando lo estipulado tanto en la ley, como en las políticas públicas que han sido diseñadas para tal fin. Lo anteriormente expuesto lleva a formular la siguiente pregunta: ¿Cómo en su calidad de políticas públicas, los planes de desarrollo del período 2012-2018, han incidido y contribuido a garantizar el derecho a la seguridad ciudadana? El fundamento de la problemática radica en la necesidad que el Estado busque mecanismos para el cumplimiento de los fines que democráticamente le fueron impuestos, pues el fortalecimiento del orden social, no solo se consolida con la eliminación de factores que puedan desequilibrar a la comunidad, sino con los mecanismos que se impartan para tratarla. Sin embargo, como una posible respuesta a la pregunta planteada se observa que, si bien es cierto, las políticas públicas generan un impacto directo en el bienestar de la sociedad, con el transcurrir de los años y con los índices que se reflejan en los medios de comunicación no se evidencian avances significativos en materia de seguridad ciudadana, respecto a las políticas públicas implementadas para el manejo de la seguridad ciudadana, persistiendo falencias en el sistema. Por tanto, no se ven reflejados en la población, avances significativos en el tema de seguridad ciudadana, en relación al ámbito social, es decir, en el libre goce de los derechos y libertades, por ello, los planes de desarrollo como política pública que regulan el ámbito de la 11 Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018. Bertha Lucía Moreno Martínez seguridad se han limitado y no han incidido de manera tal, que den una respuesta positiva frente a la seguridad ciudadana. Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta planteada, se tiene como objetivo general i. Estudiar las políticas públicas entre los periodos 2002 a 2018, en materia de seguridad ciudadana, e identificar las líneas de acción y su continuidad en el tiempo. Así mismo, se contemplan como objetivos específicos ii. Conceptualizar las políticas públicas e identificar sus fases y contextualizar la seguridad ciudadana, y también iii. Identificar las herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de las políticas, respecto a la seguridad ciudadana. Una vez analizado lo anterior, se tendrá un diagnóstico para esclarecer qué aporte o influencia han tenido los planes de desarrollo, como políticas públicas, en la garantía de los derechos de los ciudadanos, en materia de seguridad ciudadana. De modo tal, que una vez esté recopilada la totalidad de la información y el contenido, respecto al tema objeto de análisis, se podrá dar respuesta a la pregunta formulada. De manera que, para la construcción de una respuesta sólida a la pregunta planteada en este documento, fue necesario concebirla haciendo uso del método cualitativo, dado que se aborda un fenómeno con sus principales problemáticas, y cuyo propósito es la descripción del objeto que se estudia distinguiendo sus características. Igualmente se acudió al método histórico lógico que permite ver el progreso, desarrollo y evolución de las instituciones y normas jurídicas precisando transformaciones de un fenómeno socio jurídico. Por último, la respuesta se halla con apoyo de la dimensión jurídica, teniendo en cuenta que corresponde a la línea del derecho que como conjunto de preceptos conforman un sistema estructurado, con coherencia, y cuya finalidad 12 Análisis de la política de seguridad ciudadana y su aporte como herramienta para garantizar derechos a los ciudadanos mediante los planes de desarrollo 2002-2018. Bertha Lucía Moreno Martínez radica en encausar y organizar las relaciones sociales con técnicas de control y mediación, regulando y coordinando la coexistencia de la continuidad de la sociedad. Para concluir, gracias al empleo de las metodologías anteriormente señaladas, se puede establecer cuál es el aporte de las políticas públicas, desde su formulación e implementación a una política en materia de seguridad ciudadana, y cómo se ha podido garantizar.