La licencia ambiental versus el principio de precaución en la minería (2020)
Esta investigación tiene como fin estudiar las licencias ambientales a la luz del principio de precaución en materia ambiental, a través de analizar el impacto ambiental, causado por la actividad minera legalmente constituida en el suelo colombiano y poder así evaluar la idoneidad de este instrumento para prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente por explotación minera, con fundamento en el estudio de la jurisprudencia y legislación colombiana para el efecto. Teóricamente se apoyó en autores como: Aguilera, Alarcón, Alfonso, Bellmont, Bentancour, Brañez, Builes Naranjo, Bermejo, Cárdenas, Caro, G. Peña, Klein, Taborda, entre otros; además de criterios de legisladores de la Corte Constitucional, organismos como UNICEF, ONU, Acuerdo de paz, etc., dirigiendo la investigación a una reflexión moral, económico-ambiental, jurídica y política sobre el actuar del Estado colombiano frente a la explotación de bienes comunes y cómo los administra, para propender por su protección. La metodología utilizada fue cualitativa a través del método hermenéutico jurídico con carácter documental. Los resultados demuestran evidentemente el Estado incumple su deber de prevenir y controlar factores de deterioro ambiental frente al otorgamiento de licencias ambientales para la explotación minera con aproximación de datos y evidencias en torno a que las medidas adoptadas son al parecer, insuficientes e inefectivas dado que no existe una política del mismo, verdaderamente tendiente a la protección del medio ambiente para garantizar la calidad de vida, medios de subsistencia y satisfacción de necesidades para las generaciones actuales y generaciones futuras. Las conclusiones expresan que la hipótesis formulada es “ratificada”, si se tiene como punto de vista que Colombia como Estado y las autoridades jurídico-ambientales a través de las cuales ejerce sus mandatos, enfrentan debilidades en cuanto a sus estructuras administrativas y financieras, redundantes en índices elevados de explotaciones mineras sin el cumplimiento de mínimos requisitos y que pasan por delante los estándares ambientales de seguridad, causando daño y vulneración a los derechos humanos, al desconocer, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y el derecho al agua, goce de un ambiente sano, seguridad alimentaria, equilibrio ecológico, desarrollo sostenible, conservación de áreas de importancia ecológica especial, entre otros.