El complejo debate sobre el principio de necesidad de la pena en delitos sexuales: una revisión de los puntos principales de la discusión (2019)
En nuestro país, atendiendo las exigencias internacionales de protección reforzada de las menores de edad, entendidas dentro del marco del aumento punitivo de las normas penales que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual, se ha limitado el otorgamiento de beneficios penales en casos de delitos sexuales (de menores entre los doce y los catorce años), que inician su actividad sexual con jóvenes mayores de edad, y en donde conforman una familia, comoquiera que se presume que para estos casos el consentimiento no es válido. Esta problemática surge dentro de una sociedad que se está adecuando a las nuevas concepciones de protección especial de las menores, en donde, sin embargo, hay factores socioculturales y socioeconómicos que llevan a que las menores inicien de manera voluntaria su vida sexual antes de cumplir la edad señalada por el legislador, lo cual conlleva un cuestionamiento de si se debe aplicar una sanción penal en dichos casos. Esta problemática es abordada desde el análisis del principio de necesidad de la pena, soportado en diferentes debates dados desde la criminología crítica y la victimología para señalar el carácter relativo del derecho respecto al rango de la edad, tanto para establecer la mayoría de edad como para presumir la validez del consentimiento, trayendo a colación estudios internacionales y nacionales que han mostrado que las menores están empezando su actividad sexual cada vez más temprano. Se analiza el debate dado desde el punto de vista criminológico y victimológico para señalar que se debería acudir a investigaciones empíricas y a enfoques diferentes a los jurídicos para obtener una visión general de las problemáticas y así buscar soluciones alternativas al sistema penal que solucionen conflictos, y en donde se busque situar a la víctima en el centro de la discusión, resolviendo el conflicto desde la óptica de aquella y no de los denunciantes ni del Estado. Se trae al debate cómo los operadores jurídicos en cumplimiento de su deber de aplicar política criminal podrían dar aplicación al principio de la necesidad de la pena, de conformidad con lo normado en los artículos 3 y 4 del C.P., con el objeto de que se logre una dogmática orientada por la política criminal dirigida hacia las consecuencias, en donde se pueden satisfacer necesidades de prevención especial, pero también se analice la situación concreta a partir de la aplicación de derechos fundamentales que deben integrarse para solucionar problemas penales, con el objeto de que la imposición de la sanción pueda responder a “los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”, y así dar cabal cumplimiento con las “funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado”, analizando la posibilidad de aplicar sanciones alternativas a la privación de la libertad, o la concesión de subrogados, con el objeto de garantizar la efectividad de los principios y fines de la pena.