La lucha contra la corrupción a través del control fiscal (2019)
La Constitución Política de Colombia, en ejercicio de su poder soberano y en razón a la existencia del principio de la división de poderes, estableció la necesidad de que se proeja el patrimonio público a través de la instauración de una serie de órganos que hacen parte del sector descentralizado, para que llevaran a cabo un control en el desarrollo de las actuaciones de tendientes a gastar y/o utilizar los recursos públicos. Es por tal motivo que tanto constitucional como legalmente se ubicó a la Contraloría General de la Republica como máximo ente para ejercer el control y vigilancia de las actuaciones de las entidades administrativas centralizadas, en aras de evitar el detrimento del patrimonio. Este objetivo, así como el desarrollo de las demás funciones de este órgano, responden a una problemática social muy especial denominada corrupción, la cual, a lo largo de los años, ha demostrado su constante aumento, especialmente cuando se manifiesta en la ejecución de proyectos y obras públicas a cargo del Estado. Es por tal motivo que la Contraloría nace como un mecanismo de defensa ante esta puntual problemática que, además de acabar con la confianza legítima del pueblo en las actuaciones de la administración de manera transparente, también debilita la economía nacional.