La dificultad de condenar en costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (2022)
La imposición de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo presenta varios problemas en su aplicación, que van desde la conceptualización de la misma figura, la definición de los elementos que la integran, el uso de criterios para su imposición (objetivo y subjetivo), la remisión a diferentes cuerpos normativos, la cultura jurídica consistente en no condenar al Estado, la presencia de conceptos indeterminados como el interés público; circunstancias que, en suma, dificultan su aplicación práctica en el campo de lo judicial. Para identificar la problemática asociada al tema desde la legislación, se partió del análisis de la normativa anterior a la Ley 1437 de 2011, hasta llegar a la reciente reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, se estudiaron diferentes pronunciamientos del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en referencia a la temática objeto de éste estudio y se acudió a la doctrina para comprender el impacto de introducir el concepto de interés público como excepción general para que no haya lugar a la condena en costas, sobre todo porque este es uno de los conceptos que en el derecho se denominan indeterminados y por los desafíos que esta misma situación impone al aplicarse en un caso concreto. Finalmente, se llegó a una conclusión asociada a la también dificultad de imponer costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y es que tanto en la ley como la jurisprudencia se encaminan esfuerzos para no condenar al Estado dentro de los procesos judiciales, por lo que vino perfecto a este propósito, la inclusión del concepto de interés público previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, concepto que al no estar determinado en ningún cuerpo normativo, da un amplio margen de interpretación al operador judicial para alcanzar este cometido. Lo anterior, constituye en una suerte de rezago moderno de la aplicación de la teoría de las prerrogativas públicas.