La sostenibilidad fiscal como limitante de la reparación administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado (2020)
El desplazamiento forzado constituye un fenómeno social, económico, político y cultural que ha marcado la historia reciente de Colombia a lo largo del siglo xx y ha dejado graves secuelas en cerca de 7 265 072 personas víctimas de este flagelo (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las  Víctimas, 2020). Estas han sufrido las consecuencias propias del desplazamiento y el desarraigo que se desata como consecuencia directa del conflicto armado interno en el que diversos actores armados —como las guerrillas y los grupos de autodefensas, además del mismo Estado— han sido perpetradores en mayor o menor medida de este crimen. Se suma todo ello al escenario de desarraigo y de la perdida de familiares y de los propios bienes, así como a la imposibilidad de continuar o desarrollar un proyecto de vida. Por tratarse de un tema vigente en la agenda pública y la academia, así como en sectores políticos y sociales, este artículo presenta un análisis acerca de cómo el criterio de sostenibilidad fiscal puede llegar a constituir un límite a la garantía de reparación por vía administrativa para las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Para ello, se tienen en cuenta algunos aspectos relevantes que permiten una aproximación conceptual a la manera en que la insuficiente atención a este grupo poblacional por parte del Estado condujo a que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional (eci) en este aspecto, mediante la Sentencia T-025 del 2004. Se emitieron así diferentes órdenes al gobierno nacional, tanto central como territorial, con el fin de que se adopten las medidas necesarias que permitan, en un primer momento, mitigar los efectos negativos del desplazamiento, como también superar la declaratoria de eci en el mediano y largo plazo. Todo esto se formula bajo la perspectiva del reconocimiento y la garantía del goce efectivo de los derechos humanos que han resultado conculcados para las víctimas de la violencia en el país.