Análisis de la potestad reglamentaria sobre aseguramiento de la calidad académica y su congruencia con la política pública de la educación superior (2019)
En los últimos cinco años, la potestad reglamentaria en asuntos de aseguramiento de la calidad académica es numerosa, entre otros, el Decreto 2450 de 2015, el 892 de 2017, el 1280 de 2018, el 2389 de 2018, y las Resoluciones 2041 de 2016 y 18583 de 2016, son las ultimas reglamentaciones del sector, y por medio de ellas se han orientado de manera sistemática los procesos de registro calificado y de acreditación institucional y de programas académicos. No obstante, en la práctica, la potestad reglamentaria en materia de aseguramiento de la calidad académica, ha generado fuerte rechazo en los administrados, especialmente en las Instituciones de educación Superior, que con fuertes críticas jurídicas y políticas, buscan claridad sobre las reglas de juego con que se deben abordar los procesos de autoevaluación, y la elaboración y/o ajustes de documentos maestros actualmente y en los siguientes años. Este artículo presenta el tema de la potestad administrativa sobre los procesos de aseguramiento de la calidad académica y atendiendo las dinámicas, actuales se analiza que dicha prerrogativa respeta el principio de autonomía universitaria, que vulnera el principio de seguridad jurídica, y que además, no goza de la efectividad normativa requerida para cualquier acto administrativo general de carácter reglamentario. Así mismo, realiza una crítica sobre la necesidad de subsanar esos yerros jurídicos para que se asuma de manera eficiente el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la educación superior en el Acuerdo por lo superior 2034 y el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. .