De la Legalidad de la Fabricación de la Prueba en el Proceso Penal, Mediante la Mediación de los Derechos Fundamentales, a la Dignidad Humana, Libertad, Intimidad y Debido Proceso (2021)
Colombia es un Estado Social de Derecho, en el cual todos los coasociados dentro del territorio nacional tienen derecho a la protección y materialización de los derechos fundamentales, entre los que destacamos los derechos a la dignidad humana, libertad, intimidad y debido proceso, estos son el pilar, el núcleo, y su categorización, establece el orden Jurídico de la sociedad. La constitución de 1991 incluye un concepto de gran importancia, incluso para el sistema procesal penal, que es la nueva dimensión del concepto de persona, pues como se cita en el artículo 5 de la misma “la primacía de los derechos inalienables de la persona” es el punto de partida de un movimiento que, aunque sonaba innovador para la época no era más que la aplicación de lo ya determinado por la declaración universal de derechos humanos de 1948. Aunque con un ligero cambio pues las circunstancias político-sociales de la época eran totalmente diferentes a las de aquella época de su promulgación. Por lo anteriormente mencionado se puede establecer que la obtención de la prueba implica algunas veces la intromisión de los derechos fundamentales del individuo, que afectan a la esfera privada del ser humano, los cuales deben ser evaluados por el juez competente, esto es, el juez de Control de Garantías, que debe avalar si dicho procedimiento se encuentra ajustado a la preservación de los derechos fundamentales de ahí que se necesita realizar el test de proporcionalidad y razonabilidad. En el presente artículo se expondrá el concepto de probar y de prueba judicial, los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, intimidad, y libertad en relación con la obtención de la prueba en el proceso penal, para así determinar la legitimación de la intromisión de estos últimos.