El avasallamiento de bien inmueble dentro de la Ley de seguridad ciudadana. (2023)
La presente investigación surge luego del debate nacional que generó la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana Ley 2197 de 2022, debate acerca de los alcances punitivos que llevaron consigo el aumento de las penas para algunos delitos relacionados con la protesta social y la creación de nuevos tipos penales en la Ley 599 de 2000 así como modificaciones a la Ley 906 de 2004. Dicha Ley de Seguridad Ciudadana en Colombia surgió de la necesidad para combatir la criminalidad y el delito en el país, buscando dar herramientas a las autoridades para prevenir y enfrentar la inseguridad, proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad y el bienestar de la población; sin embargo, esta ley ha sido criticada por algunos por considerar que limita la libertad de expresión y de manifestación pacífica, y por otros al no ser suficientemente efectiva en la lucha contra la delincuencia. Especialmente se ha generado una diatriba de posiciones respecto a la nueva conducta típica establecida en el artículo 264A denominado Avasallamiento a Bien Inmueble, el cual castiga con penas privativas de la libertad a aquellas personas que de forma violenta o pacifica incursionen temporal o continua un bien inmueble, situación que derivó en diferentes demandas de inconstitucionalidad ante el máximo órgano de cierre, demandas que sustentan en gran mayoría la flagrante violación a derechos fundamentales y por ende a la función de la propiedad instituida en la Constitución Política de Colombia. La presente investigación de naturaleza básico jurídica se fundamenta en la interpretación de la normatividad actual, tomando como punto de referencia la Constitución Nacional como fuente principal del derecho, El código Penal Ley 599 de 2000 como instrumento de control social y los postulados de la Corte Constitucional respecto a la Función Social de la Propiedad en Colombia; lo anterior dentro de un enfoque cualitativo, debido a que profundiza su estudio en un marco referencial teórico y reflexivo de la normatividad penal y la autodeterminación de las comunidades.