El mecanismo de selección de contratación directa como instrumento para garantizar los principios de celeridad y eficiencia administrativa (2016)
De conformidad con la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, deberes y derechos consagrados constitucionalmente. Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Para lo cual se expidió el Estatuto de la Contratación Publica en Colombia como el conjunto de normas que regulan la actividad pre contractual, contractual y pos contractual. El proceso de contratación en Colombia se encuentra regulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, entre otros, y está sujeto a constantes modificaciones, que deben ser tenidas en cuenta por los operadores en el curso de los procesos contractuales, con el fin de evitar inconvenientes que puedan viciar los mismos. Este trabajo versa sobre lo que debe hacer de la Administración Pública en Colombia, es una reflexión sobre las estrategias o medidas que debe adoptar la Administración pública para hacer una estructura más eficiente y que se encamine al alcance de los fines del Estado Colombiano consagrados en la Constitución. Surge porque en la actualidad la imagen de la Administración pública no es tan favorable como la del sector privado y existen dificultades para mejorar la calidad de vida de la población. Existe la necesidad de adoptar estrategias y mecanismos que le permitan a la Administración Pública mejorar sus procesos y que esto se materialice en la satisfacción de las necesidades de las personas por medio de una administración eficiente de los recursos, equipo humano capacitado y una gestión orientada por objetivos hacia el logro de resultados con base en principios éticos. Pues bien, la Administración Pública no tiene como fin generar lucro, pero sí la función de buscar la prosperidad general con los recursos que percibe básicamente de los impuestos de los ciudadanos tiene la responsabilidad de administrar recursos para impactar de forma positiva la economía y las condiciones sociales de las personas. De allí la necesidad de la adopción de estrategias y modelos que permitan hacerla más eficiente y efectiva, es decir cumplir sus objetivos con el menor gasto posible. Entre las barreras para hacerla eficiente, en el caso colombiano, se encuentran la falta de transparencia de la gestión, la ausencia de control social de la Administración, la falta de conocimiento del funcionario público que no le permite ser proactivo y ejecutar recursos de forma eficiente y para finalizar la complejidad de los trámites que debe adelantar la Administración, entre otros. Por este motivo, este trabajo con un enfoque teórico tiene como objetivo ilustrar al lector sobre las medidas necesarias para lograr una administración pública eficiente que dé respuesta oportuna a las necesidades de los ciudadanos.