Apoyo técnico a la oficina de obras civiles y valoración de costos ambientales de la Contraloría General de Boyacá. (2018)
La Contraloría General de Boyacá ejerce un control fiscal a los contratos ejecutados a lo largo del departamento por medio de la dirección operativa de control fiscal de obras civiles y valoración de costos ambientales mediante la selección aleatoria y recepción de denuncias. Dicha actividad está enfocada en disminuir las pérdidas al heraldo púbico y garantizar la calidad de las inversiones realizadas por el gobierno para el bien de la comunidad. La Ley 42 de 1993 y la Ley 80 de 1993 hacen énfasis en un conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero y los estatutos generales de contratación de administración pública, por medio de las cuales se efectúa el denominado “control”. El control se hace mediante la búsqueda de determinados procesos de licitación pública, cuya búsqueda inicia en el SECOP, donde se realiza la verificación de documentos relevantes para la interventoría fiscal como lo son: actas de inicio, de recibo final, sábana de cantidades contratadas y ejecutadas, al igual que el acta de liquidación del contrato de obra pública que se va a auditar y se procede a la verificación manual y minuciosa de cada uno de los ítems o APU presentes en el contrato y las cantidades ejecutadas. Se buscan errores en como el incremento injustificado del valor de los APU, cantidades no ejecutadas, calidad de los acabados y malos manejos en los contratos celebrados entre particulares y entidades estatales. También se realiza por parte de la contraloría una auditoría técnica en el sitio para corroborar cantidades de obra y calidad de los acabados. En el caso de inconsistencias otra oficina de la contraloría llamada control fiscal se encarga de los procesos contractuales necesarios para recuperar patrimonio o mejorar la calidad en obras. Finalmente, como aporte personal se elabora una base de datos con cada uno de los ítems presentes en los APU de la gobernación analizando los precios con las respectivas variaciones para cada municipio.