Vulneración al principio de seguridad jurídica y reparación integral, en aplicación de la culpa exclusiva de la víctima (2021)
Mediante el presente artículo jurídico, buscamos plantear la necesidad de establecer un marco mínimo y máximo de movilidad de interpretación jurídica, respecto de los administradores de justicia del área contenciosa administrativa, teniendo en cuenta que en los diferentes fallos judiciales, existe una tendencia hacia exonerar de responsabilidad administrativa al Estado Colombiano, mediante la aplicación de una figura jurídica en particular denominada “Culpa Exclusiva de Victima” la cual es vulnerante del principio de los principios procesales de Seguridad Jurídica y Debido Proceso, y la flagrante ruptura de la finalidad del Medio de Control de Reparación Directa, al desconocer el acceso a una Reparación Integral de Daños y Perjuicios de los administrados, derivado del actuar desmedido de las actividades administrativas la cual ha tomado fuerza en su implementación, de conformidad con la posición adoptada por el Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia unificación No. 05001-23-31-000-2012-00690-01(54121) del diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017). El fallo judicial emitido por el Máximo Tribunal Administrativo, La Sección Tercera Subsección C, en la interpretación que realiza a lo largo del fallo establece lo que se considera como Culpa Exclusiva de la Victima como causal de exoneración de responsabilidad patrimonial, sin embargo, no fue enfática al referirse de la posibilidad existente de causales que puedan ser denominadas como culpa exclusiva de la víctima, dejando libre un camino ambiguo de interpretación, que ha servido para que los administradores de justicia, acrediten de manera arbitraria la ausencia de Responsabilidad Patrimonial u Extracontractual del Estado por la comisión de hechos dañosos que le sean imputables a las actividades administrativas en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, bajo el precepto del desarrollo de comportamientos o actuares desplegados por los administrados que conllevan a la causalidad del hecho dañino, dejando entrever la inoperancia del medio de control de Reparación Directa, frente a situaciones atribuibles de responsabilidad administrativa, y que su constante reconocimiento por parte de la Justicia de lo Contencioso Administrativo, evidencia un comportamiento lineal de la jurisprudencia, que vulnera el principio procesal de Seguridad Jurídica, por cuanto la decisión del funcionario judicial termina siendo discrecional en contravía de los intereses de los accionantes.