Dios y patria: relatos de infamia (2021)
La Policía Nacional de Colombia tiene como obligación fundamental servir a la sociedad, proteger vidas y bienes; defender al inocente del engaño, a los débiles de la opresión y la intimidación; emplear la paz contra la violencia y el desorden y respetar los derechos constitucionales de libertad, igualdad y justicia de todos los hombres, como precisa el artículo once de su sistema ético, que fue reformado en el año 2006 con el propósito de elevar los niveles de transparencia de la institución. Sin embargo, en las últimas décadas, la Policía Nacional ha sido un blanco de investigaciones a partir de irregularidades en su manera de actuar, dado que esta institución ha estado involucrada en casos de corrupción, sobornos, nexos con grupos al margen de la ley y abuso de autoridad para con la sociedad civil. En la actualidad, existen casos de abuso policial que corresponden al uso desmedido de la fuerza en contextos de protesta social y procedimientos rutinarios, como la solicitud de requisa, que no han sido resueltos por el sistema judicial, a lo cual las víctimas siguen a la espera de una respuesta. Este proyecto analiza la problemática del abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional en cuatro casos específicos. El primero, corresponde a la muerte de Nicolás Neira, un joven estudiante de noveno grado, quien en el año 2005 era partícipe de una protesta social y fue golpeado en la nuca por una re-calzada que le ocasionó una herida en la cabeza de 26 centímetros le quitó la vida. Seguido a este, se encuentra el fatídico caso de Juan David Guardo Martínez, un joven de 17 años asesinado por el entonces Coronel de la policía y encargado de la isla de San Andrés y Providencia en el año 2011, Gustavo Chavarro Romero, con el uso de proyectiles que violan la norma 77 del Derecho Internacional Humanitario que dicta la prohibición de balas que se expanden o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como lo es la munición expansiva, mal llamada “dum dum”. En tercer lugar, se encuentra la lucha de Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, quienes desde el año 2011 buscan justicia por el asesinato de su hijo, Diego Felipe Becerra, un destacado grafitero de la localidad de Suba que fue asesinado por la espalda a manos del patrullero Wilmer Alarcón, que al día de hoy se encuentra prófugo de la justicia. Por último, se analizará el caso de Cristhian Andrés Hurtado Menece, una de las víctimas mortales que dejaron las manifestaciones del nueve de septiembre de 2020, en el municipio de Soacha, a causa de un disparo que impactó en su cráneo, dejando a su novia Adriana Vanegas y su hijastra en una lucha por esclarecer los confusos hechos de su muerte. La investigación busca desde las narrativas testimoniales de las víctimas de estos casos, evidenciar las posibles irregularidades institucionales que se contraponen a la Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía. Asimismo, pretende revelar las anomalías judiciales que se presentaron en cada uno de los casos expuestos, ya que la investigación presume que los órganos de control del Estado obstaculizan las investigaciones de abuso policial y evaden las repercusiones de su abuso frente a los ciudadanos.