Los derechos humanos de las migrantes venezolanas. Una mirada interseccional y de género (2022)
Desde hace varios años, el tema de la movilidad de personas de nacionalidad venezolana está presente en las agendas políticas de varios países, principalmente de los de América del Sur, los cuales son los mayores receptores de esta población. Las cifras indican que, para el mes de enero de 2021, se pueden contabilizar 5 442 611 entre migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo, de los cuales el 75 %, es decir, 4 104 608, se encuentra en un país de esta región, concentrándose el mayor porcentaje en Colombia (31,6 % del total), Perú (19,2 %), Chile (8,4 %) y Ecuador (7,6 %) (Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela – R4V, 2021). Esto implica que se trata de una migración sur-sur. A estos territorios se traslada la población venezolana y en ellos se concentra el mayor porcentaje de aquellos que están en situación administrativa irregular y que han salido de Venezuela sin un proyecto migratorio organizado debido a que la grave crisis humanitaria, económica y sociopolítica que atraviesa el país les ha impulsado a hacerlo: es la violación permanente de sus derechos a la alimentación la salud y, en general, a condiciones de vida digna lo que genera su desplazamiento, en la mayoría de los casos, sin contar con recursos económicos suficientes, lo que lleva a muchas personas a recorrer miles de kilómetros en autobús o, incluso, a pie (Consejo de Derechos Humanos, 2019) en circunstancias en las que se aumentan los riesgos y se exacerba la vulnerabilidad.