Tratamiento especial de los delitos de menor impacto social (2011)
La delincuencia y criminalidad existen desde tempos históricos, en toda sociedad existen ciertas circunstancias que conllevan al hombre a delinquir, generalmente los sectores más oprimidos de la sociedad resultan ser los más envueltos en una situación de marginalidad y pobreza que empeora cada día, es por eso que el fenómeno de la criminalidad menor se evidencia en las calles o supermercados por la misma necesidad de éstas personas, para quienes encuentran en esta práctica la solución más fácil y muchas veces disfrazada, como la única a la mano. Se ha encontrado que el problema de la elevada tasa de criminalidad menor, que ante los ojos de cada individuo no genera mayor impacto, cuando es un fenómeno reiterado en el que día a día la población afectada crece, deja de ser un problema de menor impacto social, para convertirse en una situación más atemorizante para todos los ciudadanos en su vida diaria debido a la alta frecuencia con la que ocurren. Y tiene su causa no sólo en la violencia y los tipos de violencia que este país soporta día tras día, en donde los altos índices de pobreza y desigualdad también contribuyen bastante, sino además en la falta de políticas preventivas del crimen y de control social, principios básicos del mismo Derecho Penal y funciones esenciales que parece haber olvidado este Estado Social de Derecho en el cual las soluciones parecieran en ocasiones estar a años luz de ser constructivas para disminuir los altos índices de criminalidad pues han estado enfocadas más hacia el castigo que hacia la prevención. Se ha previsto, a través de diversos procedimientos judiciales, la protección de bienes jurídicos como: la integridad personal, el patrimonio económico, la salud pública, el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos, entre otros. Para lo cual es necesaria una adecuada determinación y aplicación de garantías procesales suficientes que permitan al ciudadano confiar en un sistema que lo protege y respeta en caso de tener que acudir a las instancias judiciales, independientemente de una ley que trate estas conductas de una manera especial, y que además tenga como misión reducir los índices de criminalidad cumpliendo su objetivo de control social