Estudio y análisis jurídico de las acciones de tutela para proteger los derechos de las personas con discapacidad en Santa Rosa de Cabal durante los años 2010-2011 (2012)
Las personas con discapacidad, al igual que otros grupos sociales, son sujetos de derechos y deberes; no obstante, su condición de debilidad manifiesta es razón suficiente para la adopción de criterios de diferenciación, labor que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de sus sistemas de protección más reconocidos (Universal y Regional) ha venido desarrollando, a partir de la creación de normas de carácter vinculante y otras de rasgo interpretativo. Estos instrumentos internacionales traen un marco de protección especial para este tipo de población, resaltando en esta oportunidad la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no sólo por su amplia gama de derechos, sino también porque obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean necesarias para la efectiva materialización de sus derechos. Colombia no ha sido ajena a este proceso, y desde la Constitución Política de 1991 la protección de las personas con discapacidad no sólo se ha visto plasmada en algunas de sus normas, sino que por disposición del artículo 93 Superior estos instrumentos adquieren una importancia sin precedentes, que los ubica en el denominado Bloque de Constitucionalidad, y en consecuencia su aplicación e interpretación es prevalente sobre nuestro actual ordenamiento jurídico. En materia de exigibilidad de derechos, la Acción de Tutela se convierte en el amparo constitucional por excelencia para exigir la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente los que tienen relación con los temas de salud y educación, que en el caso de los niños son un catálogo especial de derechos, además que fueron aspectos preponderantes durante el desarrollo del presente trabajo de grado. Los derechos de los niños con discapacidad adquieren una doble connotación en el ámbito jurídico colombiano: de un lado, su especial condición de vulnerabilidad que los hace sujetos de especial protección constitucional y, de otra parte, porque el hecho de padecer de algún tipo de discapacidad (física o mental) exige de las autoridades un amplio margen de compromiso frente a la protección de sus derechos fundamentales. De conformidad con lo anterior, el radio de acción de las autoridades debe estar en consonancia con el principio del Interés Superior del Niño, a partir del diseño de enfoques diferenciales que permita el desarrollo de acciones afirmativas, tendientes a mejorar la calidad de vida de los niños en situación de discapacidad. En ese sentido, el Estado colombiano viene avanzando hacia la consolidación de un Sistema Nacional de Discapacidad. Así mismo, la Administración de Justicia, a través de los Jueces de Tutela, tiene una “posición de garante” frente a la protección de los derechos fundamentales de los niños, por lo que sus providencias deben observar el interés superior del menor sin atender aspectos de carácter procesal o formalista que desdibujen el papel de la Corte Constitucional en su misión de unificar la jurisprudencia, que desde 1991 ha guiado la actuación de los operadores jurídicos en el país.