Postura jurisprudencial del Consejo de Estado frente a la Responsabilidad del Estado Colombiano en el manejo de las protestas: un ápice de justicia. (2021)
El presente artículo recoge un análisis de la postura jurisprudencial del Consejo de Estado, frente a la Responsabilidad extrapatrimonial del Estado Colombiano como consecuencia del exceso de la fuerza por parte de los agentes de la fuerza pública a en el marco de las protestas realizadas durante los últimos siete años, enfatizando sobre los títulos de imputación aplicables en relación con los bienes jurídicos tutelados afectados en el ejercicio de la violencia ejercida contra los manifestantes. Por consiguiente, se estudiaron tres líneas jurisprudenciales que emanan una evidente doctrina aplicable acorde a los hechos más relevantes y contundentes que han dado lugar al repudio social y que han sido objeto de debate político por parte de los órganos que administran justicia en el país. El desarrollo del análisis jurisprudencial se va a puntualizar en tres momentos. El primero de ellos plantea la contextualización normativa, legal y académica de la protesta como derecho fundamental constitucionalmente protegido versus la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana que argumenta el Estado con el fin de legitimar la represión en torno a la manifestación social. El segundo momento examinará diferentes fallos del Consejo de Estado en el que se determinará cuál es el título de imputación aplicable al Estado Colombiano para declararse objetivamente responsable por los daños y perjuicios causados por los funcionarios públicos que siendo parte de la fuerza pública y en el ejercicio de sus funciones, sobrepasan o no los límites de la represión “permitida”; y finalmente, en el tercero, se estudiarán los posibles efectos que emana la doctrina creada por el superior jerárquico de la rama ejecutiva entorno a los hechos ocurridos en el transcurso del año 2021 y que aún no han sido objeto de análisis jurisprudencial, lo anterior, sustentado en los informes de la ONG Temblores en el que se encuentra un reporte con cifras aproximadas de casos relacionados con detenciones arbitrarias, violencia física, violencia sexual, entre otros, ejecutados por la fuerza pública contra la sociedad civil.