Límites de la potestad disciplinaria sobre servidores públicos de elección popular conforme al bloque de constitucionalidad (2024)
La sentencia de la Corte IDH al interior del Caso Petro Urrego Vs. Colombia, generó la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico interno a la CADH. Adecuación que ha seguido contradictoria por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al considerar el primer órgano que la PGN cuenta con una potestad parcial para restringir derechos políticos, siempre y cuando haya un control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por consiguiente, en esta investigación se analizó la configuración, límites y alcances de la potestad disciplinaria de la PGN sobre los servidores públicos de elección frente al bloque de constitucionalidad, a través de metodología regida por la hermenéutica jurídico, con un enfoque cualitativo, y empleando la técnica de búsqueda documental. Se obtuvo como resultados que la PGN, por mandatos constitucional y legal, con la facultad de sancionar a servidores públicos de elección, sin embargo, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, coinciden en la necesidad de establecer un proceso disciplinario judicial para ellos cuando se restringen derechos políticos, teniendo en cuenta el principio de reserva judicial y las garantías de independencia e imparcialidad.