Viabilidad constitucional de incorporar la pena de prisión perpetua en la legislación colombiana, para los delitos graves contra los niños, niñas y adolescentes (2014)
Se operaba en el mundo una grave crisis de orden institucional que desembocaba debido a las medidas represivas del delito, en acaloradas discusiones sobre la violación de los derechos humanos y sobre la regresión en la imposición de las penas, así como la incrementación de los delitos y abusos contra los niños, las niñas y los adolescentes. Colombia no ha escapado de dicha situación; pero el Estado incapaz de implantar cambios, acude al sistema represivo formulando primero el Estatuto Antiterrorista y proponiendo luego la Cadena Perpetua para los máximos delitos de la época ( homicidios, abusos sexuales, secuestro y violencia intrafamiliar entre otros) Inmediatamente se escuchan las voces del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, rechazando la constitucionalidad de tal medida que atenta contra la dignidad humana y anula los derechos humanos. Razones como las siguientes, así lo indican: en primer lugar, tanto por razones de fondo como de forma, la propuesta resulta contraria a la Constitución; en segundo lugar, la Exposición de Motivos que la sustenta no ofrece en verdad ningún argumento convincente desde la perspectiva de una Política criminal coherente que permita, de manera razonable, suponer que esa iniciativa está llamada a traducirse en una mejor protección para la vida y la integridad física, sexual y síquica de los menores. Así mismo, en tercer lugar, si se intentan reconstruir los posibles argumentos que podrían sustentar una propuesta como la de la cadena perpetua para esos delitos, en realidad ninguno de ellos resulta convincente, pues la imposición de tal consecuencia jurídica en esos casos deviene incompatible con los principios básicos del Estado Social y Democrático de derecho e introduce distorsiones graves a las bases de la que debe ser una verdadera Política criminal.