Una aproximación a los criterios de racionalidad penal a partir del análisis de la Ley 1773 de 2016 “Natalia Ponce de León” (2016)
Los ataques con ácido son un fenómeno atroz que ha flagelado a un sector de la sociedad colombiana, llevando al legislador a aumentar las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano para castigar al victimario con los fines de enviar un mensaje a la sociedad e inocuizar al delincuente considerándolo “incorregible” -- En este orden de ideas, por ejemplo, en sentencia T-762 de 2015 la Corte Constitucional colombiana ha dado la orden al legislador penal de legislar con base en una política criminal que obedezca a criterios de racionalidad legislativa -- La ley 1773 de 2016 se expide obedeciendo a diferentes grupos de presión, principalmente a la presión que ejercieron los medios de comunicación -- Dicha presión generó la omisión de la aplicación de principios de racionalidad ética, como el principio de proporcionalidad, que gobiernan un devenir legislativo en concordancia con un modelo de racionalidad legislativa