Hacia la búsqueda de la eficiencia en el sistema procesal civil, a través de una oportuna administración de justicia (2005)
El acceso a la justicia, en el campo de los principios, es un derecho humano inalienable. Suele contar con rango constitucional, como lo establece nuestra carta política en su artículo 229, y la Ley 270 de 1996 en su artículo 2, además de estar reconocido en tratados internacionales de derechos humanos. Esto no quita que el servicio de justicia, el acceso al asesoramiento legal y a la atención de los jueces, sea oneroso y difícil de obtener, aun en aquellas poblaciones con un nivel de educación relativamente alto y en donde se invierte un generoso presupuesto en materia de bienestar social. Es necesario resaltar que dentro de la órbita de la modernidad, donde todo en Colombia se sujeta al estado de Derecho, cualquier arbitrariedad o desfase que se cometa dentro de la Administración de Justicia, pone en peligro el equilibrio que debe mantener el Estado Colombiano, a través de su Órgano Jurisdiccional, perfilando con las garantías Constitucionales una verdadera Administración de Justicia que propenda por reconocer la importancia de los derechos fundamentales, la jurisdicción Constitucional y la separación de poderes para bien de sus administrados. La triste realidad es que en nuestra ciudad, los beneficios de la justicia no se encuentran al alcance de la mayoría de la población de menos ingresos. Este problema tiene derivaciones políticas, económicas y sociales que vale la pena destacar, aunque sea simplemente para introducir los términos de la discusión. Las desigualdades sociales, económicas y educativas se reflejan en desigualdades de poder, lo que le hace adquirir al tema de acceso a la justicia una gran importancia institucional. En la medida en que la legitimidad del Estado de Derecho se apoya en una implementación efectiva del principio de igualdad ante la ley, las desigualdades para acceder a la justicia comprometen esa legitimidad que el Estado democrático tiene la necesidad de preservar y nutrir constantemente. El hecho de que los sectores marginados de la población no tengan acceso al servicio de justicia determina capacidades diferenciales de emplear el poder coercitivo del Estado para obtener o defender derechos y libertades personales. Esta carencia de justicia, unida a la creciente falta de confianza en jueces y abogados, especialmente por la población de menos recursos, mina la legitimidad del Estado y socavan las instituciones democráticas. La importancia del tema radica en que facilitar este acceso es no solamente una exigencia de justicia social, sino que también es un pilar fundamental para la consolidación de las instituciones democráticas y para el funcionamiento de una economía de mercado. El propósito de esta investigación es, en primer lugar, destacar la importancia y complejidad del tema, partiendo de la base de que el tan mencionado acceso a la administración de justicia constituye más un mito que una realidad, especialmente para los funcionarios judiciales, litigantes, docentes de las áreas de Derecho y estudiantes de X semestre de la facultad de Derecho de Tecnar. Por lo tanto, con este trabajo buscamos brindar un panorama acerca de los diferentes mecanismos que apuntan a facilitar el acceso a la justicia, para luego destacar la necesidad de que todo esfuerzo de reforma para facilitar el acceso al patrocinio letrado y a los tribunales vaya acompañado de un conjunto de reformas que le permita a “la justicia” responder a las exigencias de los que la reclaman. Finalmente, es importante destacar, como estrategia concreta, el papel que los colegios de abogados, escuelas de derecho y organizaciones no-gubernamentales deben cumplir en facilitar el acceso a la justicia. Entre ese cúmulo de estrategias, la más importante, a corto y largo plazo, es la de alimentar la vocación, orientación y entrenamiento de los abogados en causas. El trabajo se encuentra dividido en dos partes. En la primera se da a conocer el planteamiento y formulación del problema, hipótesis, justificación, objetivos, resultados esperados, el marco referencial, el cual está acompañado de los antecedentes históricos, referentes, teóricos, conceptuales y jurídicos que se manejaran en esta investigación, así como la estrategia metodológica y la de divulgación. La segunda parte hace referencia a los seis capítulos constitutivos de dicha investigación, en el primero de ellos esbozaremos brevemente el concepto de la administración de justicia, sus antecedentes, generalidades, cual su finalidad, la función que realiza, las características de su función, quienes la ejercen y por último los principios fundamentales de la organización de justicia. En el segundo, el Mito del Acceso a la Administración de Justicia. En el tercer capítulo se analizan algunas normas jurídicas de la administración de justicia. En el quinto, se exponen las principales causas que se presentan en nuestra comunidad y que impiden que nuestro sistema procesal opere de manera eficiente frente a la necesidad de obtener una pronta y oportuna administración de justicia sobre todo en aquellas personas de escasos recursos, como también presentamos otras causas que generan la deficiencia de esta administración en los despachos judiciales. Por último, en el sexto capítulo se expone, la percepción que tienen los ciudadanos y abogados litigantes, que acuden a nuestros despachos judiciales a cerca de cómo opera nuestra sistema judicial en Colombia, y la gestión que de esta rama que se ha visto afectada por posibles prácticas irregulares. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y se esbozan las recomendaciones donde se plasman conceptos que responden al objetivo señalado en la investigación.