Ley 1776 de 2016, un mecanismo con capacidad de afectar la estructura rural en Colombia. Análisis crítico de un modelo neoliberal (2018)
La discusión que se quiere abordar en esta monografía nada tiene que ver con una posición en contra de la producción empresarial. El campo colombiano necesita un modelo dual de desarrollo donde coexistan empresarios y obreros agrícolas con derechos, por un lado, y campesinos e indígenas, por el otro, con todos ellos protegidos y respaldados por el Estado. Protección y por ende prosperidad contra la que conspiran, hasta destruirla, las políticas del libre comercio neoliberal y los TLC, calculadas, tal cual se ha reseñado y evidenciado en la literatura recogida, para sustituir a los productores nacionales del campo y la ciudad por los productores extranjeros, que trabajan sus agros con todo tipo de respaldos de sus respectivos Estados. Por lo mencionado, es necesario recalcar como lo hacen las muchas fuentes de información que en un modelo democrático se busca blindar, por la vía política de la pública (Robledo S. J., 2015), de los riesgos inherentes a las actividades agropecuarias tanto a campesinos como a empresarios. Los apoyos públicos que dan al agro los Estados de los países desarrollados protegen a sus agricultores de las fluctuaciones de precios, de los líos climáticos, de los abusos de posición dominante de los comercializadores, de los problemas de acceso y uso de los paquetes tecnológicos, etc. En las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), se desarrolla un modelo contractual entre los productores y el operador del contrato en el cual los primeros cargarán con los riesgos e imposiciones del operador, que para el caso es el monopolio estatal, y solo recibirá beneficios. Se dará un proceso de constante transferencia de rentas desde los productores hacia el operador, el cual definirá qué y cómo producir impidiendo a los agricultores ejercer plenamente sus derechos a la libre empresa y a la propiedad privada. Bajo este modelo, tanto campesinos como empresarios medianos y pequeños se convierten en una especie de siervos modernos sometidos a las imposiciones de un operador que concentra los beneficios y crea medidas especulativas para capturar en forma creciente las rentas de la tierra pública y privada y del trabajo sin hacer mayores inversiones de capital, convirtiéndose esto en foco de desigualdad social en el territorio colombiano. Dicho de otra manera, la ley 1776 de 2016, que para el caso estudiado compete aclarar que regula la agricultura por contrato (República, Ley 1776 de 2016, articulo 3, 2016), un modelo de negocio que detrás de falsas asociaciones le dice a los “socios” qué se produce y con qué paquete tecnológico, cómo y a qué precio se vende, las condiciones del crédito, etc. Es decir, vuelve a la propiedad sobre la tierra no una fuente de libertad económica y política para el campesinado y los empresarios menores como sujetos de derechos, sino como unos siervos modernos. Lo dicho hasta aquí supone que las implementaciones dirigidas a mantener un orden en la estructura rural por parte del gobierno nacional, desde la época de Cesar Gaviria hasta hoy, han ido en contravía de la protección especial que deben recibir los y las campesinas, las comunidades indígenas y afrodescendientes, tal cual lo consagra hasta la misma Carta Magna; todas aquellas organizaciones que de forma documentada se han visto como simples cifras y estadísticas de entidades públicas, siguiendo la orden capitalista de los pocos Richi Rich que imperan en el territorio, conlleva a la degradación cada vez más de esa idea de paz interna que soñamos todos los colombianos de a pie, y por ende, tal cual los expresan los medios y se ve en los campos y ciudades, somos el tercer país más desigual en el ámbito social y económico del mundo.