Situación actual del cumplimiento de las responsabilidades del Estado Colombiano con las víctimas del conflicto armado interno en el contexto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, punto 5. Sobre los derechos humanos de las víctimas (2023)
Con el desarrollo y la firma del acuerdo final de paz, signado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, se marcó un momento crucial en la historia de Colombia, ya que este acuerdo ofrece una oportunidad sin precedentes para la nación tanto a nivel nacional como internacional, este acuerdo, busca establecer una paz estable y duradera, sin embrago presentó desafíos significativos en cuanto a términos administrativos, organizacionales y alguno otros de carácter legal. Sin embargo, el Estado colombiano no se quedó atrás para enfrentar estos desafíos, logrando en los plazos acordados estructurar adecuadamente las bases para la implementación de los puntos acordados. Este acontecimiento histórico e importante, abre el interrogante de si, para el 1 de junio de 2023, Colombia ha logrado el cumplimiento de las obligaciones del quinto punto del acuerdo, enfocado en la protección de los DDHH de las víctimas. Para entender esta situación a profundidad, es crucial describir detalladamente los compromisos del acuerdo, analizar los esfuerzos del Estado para concretar estos compromisos y evaluar los resultados obtenidos hasta la fecha. Determinar el cumplimiento del Estado no se reduce a una verificación simplista de acciones realizadas, sino que implica un análisis minucioso y detallado que incluye la revisión de las políticas implementadas, la asignación de recursos, la efectividad de las medidas y la percepción de las víctimas. Es esencial considerar, que estos avances dentro del contexto socio-político de Colombia, continúa enfrentando retos significativos en cuanto a violencia, inequidad y vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales y remotas. Por ende, este análisis debe ir más allá del mero cumplimiento literal del acuerdo, buscando comprender si las acciones emprendidas han contribuido de manera efectiva a la protección y bienestar de las víctimas, honrando tanto la letra como el espíritu del acuerdo.