Aplicación de la Ley 1448 de 2011 por parte de la Gobernación del Valle del Cauca en el plan de acción territorial de víctimas del conflicto armado interno (2013)
La ley 1448 de 2011, denominada ley de Víctimas y Restitución de Tierras ¿por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones¿, reconoce por primera vez el concepto de víctima del conflicto armado, y se admite un avance en términos de reconocimiento y dignificación para la materialización de los derechos de las víctimas, en aplicación a los estándares internacionales de atención y reparación integral. En términos específicos, la Ley de Víctimas impone retos muy concretos y exigentes en procesos de atención teniendo en cuenta los diferentes hechos victimizantes, la participación efectiva de las víctimas, el enfoque diferencial, el goce efectivo de los derechos y la expresión territorial del conflicto armado; pero sobretodo, el Estado debe plantear como propósito principal la implementación de la Ley contando con la participación de los diferentes actores de la sociedad y logrando que se cumplan de manera adecuada y efectiva las funciones que la Ley le asigna a las diferentes entidades competentes. De igual manera, debe proteger especialmente la vida e integridad de las víctimas y los defensores y defensoras de derechos humanos, que abogan por la restitución de sus derechos, en especial por la restitución y protección del territorio. En concordancia a lo anterior, se trae a colación la Sentencia T-025 de 2004, la cual creó el ¿Estado de Cosas Inconstitucionales¿ para la población víctima del desplazamiento forzado, por su incidencia directa desde la sala especial creada para la ejecución de esta sentencia estructural, de las cuales se expide el auto 219 de 2011 en el que se realiza un seguimiento para la indagación del goce efectivo de los derechos en la población desplazada y se da relevancia a los aspectos de: enfoque diferencial (mujeres: niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores; comunidades indígenas y afrocolombianas), capacidad institucional y sistemas de información, participación y articulación territorial.