Gestión de la Seguridad Vial, Basado en la Norma ISO 31000 (2017)
El panorama de la accidentalidad vial a nivel mundial tiende a sobrepasar los esfuerzos de prevención que en este sentido realizan: gobiernos, organizaciones, instituciones e industria en general. Las cifras de personas muertas y heridas en accidentes de tránsito no parecen disminuir significativamente, al contrario, mantienen su tendencia a incrementarse año tras año, los cual no solo establece un problema social sino económico. Las estadísticas presentadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año 2013, muestran la región con una de las tasas más altas de mortalidad debido a los accidentes de tránsito. Este problema tiene impacto significativo en la sociedad debido a los altos costos directos e indirectos que generan su ocurrencia, adicional a esto, los principales afectados en este tipo de accidentes son las personas en edades productivas, generando así una pérdida de la competitividad de los países y de su industria, ya que se estima que, debido a estas muertes, las pérdidas del producto interno bruto oscilan entre el 1,6 y el 3,0% al año. Teniendo en cuenta la dimensión del problema, es necesario encaminar todos los esfuerzos y presentar metodologías nuevas o mejoradas que permitan a todos los sectores la administración eficaz de los riesgos asociados al tránsito terrestre. El objetivo de este trabajo es presentar un modelo que gestione la accidentalidad vial, a través de la implementación y desarrollo de un sistema de evaluación y gestión integral del riesgo, mediante el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua. Las etapas de este modelo pueden ser utilizadas para toda organización pública o privada, independiente de su tamaño, que dentro de sus procesos o actividades diarias utilice vehículos propios o alquilados, para cumplir sus objetivos organizacionales y que cuente con personal propio o contratado dedicado a la conducción de dichos vehículos, todo esto enmarcado en el cumplimiento de la normatividad legal vigente que en materia de tránsito aplique al lugar en que se desarrollan sus actividades.