Las transferencias del gobierno central como mecanismo para la eficiencia en el uso de los recursos públicos una medición en los sectores salud, educación y servicios públicos (1996)
Desde los primeros años de la década de los 80, el país empezó a vivir un proceso de cambio en su estructura organizacional que tuvo un gran impulso en el gobierno de Virgilio Barco, ya que en este se hicieron grandes reformas. Sin embargo, el mayor cambio vino con la Constitución de 1991 que en su artículo primero definió a Colombia como una "República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales..." y que dió los lineamientos para desarrollar la descentralización actual. El objetivo último de esta nueva estructura organizacional no es otro que descongestionar al sector central, para que este se ocupe de las funciones que realmente le deben corresponder y a la vez, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos por medio de la cesión de una parte de los ingresos corrientes de la Nación a los departamentos, distritos y municipios. Para cumplir tal objetivo, se asignaron nuevas y mayores funciones y responsabilidades a los diferentes niveles territoriales de gobierno y a la vez, se dispuso un nuevo y reforzado sistema de transferencias para que se pudieran cumplir esas nuevas funciones. En este sentido se ampliaron los porcentajes de los ingresos corrientes de la nación cedidos y se determinó una finalidad específica para estos dineros, con el fin de fomentar los sectores sociales más importantes a nivel general (salud, educación y servicios públicos) y dejando una parte flexible para que cada localidad la utilice según sean sus necesidades. La legislación que definió los lineamientos que dictó la Constitución referente al proceso de descentralización está consignada en la ley 60 de 1993 que dicta la distribución de competencias y la asignación de recursos. Partiendo de lo anterior, se elaboró este trabajo cuyo objetivo es medir el impacto de las transferencias en los sectores mencionados y determinar si éstas se han utilizado de manera eficiente. No obstante, la ley 60 tiene aplicación desde 1994 y por lo tanto este trabajo sólo arrojará conclusiones preliminares. Para efectos de este trabajo se entenderá que en la medida en que las mayores transferencias contribuyan a mejores resultados en los sectores de educación, salud y servicios públicos, dichas transferencias se están utilizando eficientemente. Se escogieron estos sectores por considerarse básicos para aumentar el nivel de vida de una sociedad y porque, por ello mismo, los mayores porcentajes del total de transferencias que realiza el sector central, van dirijidos hacia estos sectores. Igualmente, se tomó el período comprendido entre 1982 y 1994 porque recoge los dos periodos en los que se realizaron los cambios más importantes en el sistema de transferencias del país. El primero empezó precisamente en 1982 con la ley 12 del mismo año y el segundo, como se comentó anteriormente, en 1993 con la ley 60, que es la legislación vigente. Este trabajo inicia ubicando las transferencias en el marco global de la descentralización para luego entrar directamente a ellas y explicar la teoría que las respalda y la norma vigente en Colombia. Posteriormente se explicará la evolución de las mismas y de los indicadores con los que se medirá su utilización y finalmente, se concluirá si esta utilización ha resultado óptima o defectuosa.