Las respuestas a la corrupción desde el derecho constitucional: especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional (2024)
El año 1991 une la biografía de Pablo Escobar con la Constitución colombiana vigente, pues al prohibir la extradición favoreció su entrega voluntaria a la justicia tras años de terror, asesinatos de jueces y fiscales, y coacciones a políticos (plata o plomo). Nueve años antes, el Capo del Cartel de Medellín había sido elegido representante (suplente) en la Cámara y fue invitado a celebrar la victoria de Felipe González en las elecciones españolas de 1982. Esas circunstancias parecen de ficción, pero son históricas. La influencia del narcotráfico sobre el devenir político de Colombia no es trivial. También son relevantes sus consecuencias internacionales. Hoy, la prohibición del glifosato para erradicar cultivos favorece un crecimiento de la oferta de coca muy barata. Muchos más jóvenes en Europa y Estados Unidos esnifan por menos precio y enriquecen las redes de criminalidad organizada. El dinero que provocará adicciones y muertes pagará sobornos a políticos, magistrados y policías. ¿Quién o qué parará este círculo vicioso de las relaciones entre la institucionalidad y la criminalidad? ¿Cuándo dejará de condicionar la droga decisiones legales y constitucionales en Colombia? Regiones enteras del territorio están bajo el control de grupos armados que se financian gracias a los cultivos ilícitos, insurgentes con quienes el Gobierno pactará las presentes y futuras reformas normativas.