Marco internacional para regular la creación, supresión y seguimiento de las entidades descentralizadas subnacionales (1991-2005) (2007)
La descentralización en Colombia se diseñó y se puso en marcha con el fin de lograr un mayor grado de eficiencia en el manejo de los recursos públicos por parte de los entes territoriales, el propósito de incrementar su capacidad administrativa y de responsabilidad fiscal, fortalecer sus recursos fiscales y direccionar de forma acertada el gasto social hacia aquellas regiones o individuos que más lo necesiten. Este proceso que comenzó en Colombia, a mediados de los años ochenta, busca un mayor acercamiento del Estado a los ciudadanos por medio de los gobiernos locales, que están más cerca de las demandas sociales y económicas de la población. El proceso de descentralización se adoptó bajo la puesta en marcha de distintas estrategias1. Éste se refiere a la posibilidad que tiene el Estado de organizarse con un sector público de uno o más niveles de decisión. En esencia, se trata de la estructura vertical del sector público y de las interrelaciones que existen entre los diferentes niveles de gobierno. Éste busca proporcionar una forma de organización a través de la cual la provisión de ciertos bienes y servicios públicos puedan ajustarse a preferencias de los subconjuntos geográficos de la población2. Con la Constitución Política de 1991 se buscó consolidar este proceso, por lo cual ésta le brindó a las entidades territoriales la posibilidad de crear entidades descentralizadas con el fin de ejercer funciones administrativas, la realización de actividades industriales y comerciales y la prestación de servicios públicos que son inherentes a la finalidad del Estado y siguiendo los principios de la función administrativa dispuestos en el artículo 209 de la carta política3. El periodo de análisis del presente documento va desde el año 1991 hasta el 2005. Esto debido a que con la Constitución Política territorial, le permitió a las entidades territoriales crear entidades descentralizadas4. Sumándosele a esto, las diferentes disposiciones legales sectoriales, que se dieron a partir de la promulgación de la Constitución Política, lo cual obligó a éstas a prestar determinados servicios inherentes al Estado