Political dynamics and selective violence: evidence from Colombia (2024)
El reciente aumento en los asesinatos de líderes sociales en Colombia, en medio de un descenso general de los niveles de violencia, genera dudas sobre la efectividad del acuerdo de paz de 2016 con el principal grupo guerrillero en la reducción de la violencia y el crimen. Esta tesis presenta evidencia de que la violencia selectiva contra líderes sociales constituye un método complementario de competencia política y un mecanismo de control poblacional utilizado por grupos armados. Utilizando un diseño de discontinuidad en la regresión, este estudio estima el impacto de la elección de un candidato de derecha en una elección reñida sobre las tasas de asesinato de líderes sociales. Se encuentra un efecto positivo significativo de 1.8 a un nivel de confianza del 10% en los asesinatos de líderes comunales, aproximadamente 2.5 veces el promedio municipal de 0.73. Al centrarse en municipios con presencia paramilitar, se observan efectos positivos aún mayores y estadísticamente significativos en las tasas de homicidio. Estimaciones robustas a valores atípicos indican que la elección de un candidato de derecha en una contienda cerrada aumenta las tasas de asesinato de líderes comunales y políticos en un 98% y un 71%, respectivamente. Los resultados sugieren, en línea con las predicciones teóricas, que la transmisión de información es un mecanismo clave que impulsa estos efectos. En particular, los grupos políticos de derecha en el poder reducen el costo relativo para los grupos armados de emplear violencia selectiva en comparación con la violencia indiscriminada, al incrementar la disponibilidad de información sobre líderes sociales. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para comprender la interacción estratégica entre grupos armados, élites locales e instituciones democráticas en el contexto de guerras irregulares, y en particular, para explicar el aumento en los asesinatos de líderes sociales en Colombia. La relevancia de estos resultados se respalda con un cálculo aproximado que indica que los efectos estimados explican el 18% y el 14% de las tasas nacionales observadas de asesinatos de líderes comunales y políticos entre 2015 y 2023.