Inconvencionalidad de la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para restringir derechos políticos (2021)
Existen diferentes decisiones judiciales y tesis de la doctrina respecto de un mismo problema jurídico, consistente en determinar si la Procuraduría General de la Nación (en adelante PGN) tiene competencia para sancionar disciplinariamente con destitución e inhabilidad a los servidores públicos electos democráticamente que no gocen de fuero especial, frente a las garantías previstas en el artículo 23.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (en adelante CADH). El anterior disenso jurídico fue examinado en la presente investigación, determinándose únicamente la incompatibilidad de las facultades sancionatorias de la PGN con el artículo 23.2 ibidem, por lo que fue menester establecer los ajustes constitucionales y legales que puede adoptar el Estado Colombiano para cumplir con dicho pacto internacional. En primer lugar, se concluyó la necesidad de privar de la potestad sancionatoria a la PGN, adoptar un sistema acusatorio que se adelante ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la que el referido órgano de control se encargue de la investigación y acusación, y un juez de la república juzgue al servidor público, indistintamente que sea de elección popular.