Equilibrio de la igualdad de armas en la aplicación de la ley 906 de 2004 (2019)
Colombia, se erige como un Estado Social de Derecho, en el cual se establecen por su propia naturaleza, una serie de principios y garantías a los ciudadanos en el desarrollo de las relaciones particulares y con el Estado, una de esas garantías, considerado como uno de los más importantes, es el debido proceso, el cual como garantía y derecho fundamental, se estructura sobre una serie de postulados extraídos de la principialistica, que buscan de manera generalizada guiar el correcto desarrollo del proceso, ya sea judicial o administrativo, logrando su finalidad, sin desconocer en su avance y aplicación, los derechos que le asisten a cada parte procesal, independientemente de su naturaleza. Así la constitución política de 1991 en cada uno de los apartados de su artículo 29, recoge una serie de postulados y garantías básicas, que venían siendo protegidos en idéntico sentido por el artículo 23 de la anterior Constitución Política de la Republica de Colombia de 1886, en lo que hace referencia al debido proceso, fortaleciéndose este derecho fundamental con el surgimiento del Bloque de Constitucionalidad, que permite la implementación de tratados y convenios internacionales, ampliando el respeto de las garantías que le son inherentes a este derecho, a través de un escenario internacional que abarca en este sentido y orienta todo el ordenamiento jurídico interno.